La educación
en España es obligatoria hoy en día entre los seis y los dieciséis
años. A partir de los tres años se puede considerar generalizada aunque no es
obligatoria ni tiene por qué ser gratuita. Entre los cero y los tres años no se
puede considerar generalizada ni tampoco gratuita. El tramo más polémico es
precisamente este último porque es el que precisa una cierta selección para
dilucidar quién tiene más derecho a una plaza pública cuando no hay para todos.
La competencia es de las comunidades autónomas lo que permite que cada una
disponga de sus propios criterios de selección y de organizar las aportaciones
de las familias.
Yo he
defendido tradicionalmente la idea de que las familias debían aportar una parte
del coste de la plaza de sus hijos pequeños, siempre proporcional a los
ingresos. No creo que haya una fórmula perfecta y esta me ha parecido con una
dosis importante de justicia distributiva. Pero también le hemos visto lagunas
a lo largo del tiempo y nos hemos quejado a nosotros mismos de que no lográbamos
toda la justicia que pretendíamos. Nuestra idea era que disfrutara del servicio
quien lo necesitara y quien lo deseara. Pero casar todas esas particularidades
no era fácil. Más de una vez, en broma llegábamos a decir que lo más justo
sería echar por alto las solicitudes y las que cayeran de canto esas podían
disfrutar de una plaza. Lo que más nos decepcionaba era las plazas que
asignábamos y que después se convertían en alumnos que faltaban mucho y no
siempre por causas justificadas. Teóricamente podíamos disponer de la plaza si
las faltas no se justificaban pero en la realidad el Consejos Escolar no
imponía la normativa con suficiente dureza y diligencia.
El
criterio era que ninguna familia trajera a sus hijos sin aportar nada.
Queríamos que todos se sintieran con los mismos derechos y pudieran exigir en
un momento determinado lo que consideraran oportuno sabiéndose partícipes del
proyecto común . Quien no tenía recursos para alcanzar siquiera el mínimo de
aportación hacíamos que fueran los servicios sociales municipales los que le
subvencionaran la parte que les correspondía. Hemos constatado a lo largo del
tiempo, casi cuarenta años ya, que la perfección no existe y que no hay norma
que no pueda ser pervertida si los ojos con que se la mira están pervertidos.
También sería mentira decir que no ha habido presiones de todo tipo buscando
enchufes o modos de sortear la normativa establecida sin que fuera conocida y
asumida por el Consejo Escolar, órgano máximo de gobierno de cada escuela, pero
es verdad que, a pesar de todo, el nivel de satisfacción es suficiente como
para seguir creyendo en un proyecto de pequeñas escuelas diseminadas por los
principales barrios de una ciudad, en este caso Granada – España, que prestan
un servicio de calidad a las familias que viven cerca de la escuela y cuyos
hijos conviven armónicamente recibiendo los mismos servicios, al margen del nivel económico de sus familias.













