La educación
en España es obligatoria hoy en día entre los seis y los dieciséis
años. A partir de los tres años se puede considerar generalizada aunque no es
obligatoria ni tiene por qué ser gratuita. Entre los cero y los tres años no se
puede considerar generalizada ni tampoco gratuita. El tramo más polémico es
precisamente este último porque es el que precisa una cierta selección para
dilucidar quién tiene más derecho a una plaza pública cuando no hay para todos.
La competencia es de las comunidades autónomas lo que permite que cada una
disponga de sus propios criterios de selección y de organizar las aportaciones
de las familias.
Yo he
defendido tradicionalmente la idea de que las familias debían aportar una parte
del coste de la plaza de sus hijos pequeños, siempre proporcional a los
ingresos. No creo que haya una fórmula perfecta y esta me ha parecido con una
dosis importante de justicia distributiva. Pero también le hemos visto lagunas
a lo largo del tiempo y nos hemos quejado a nosotros mismos de que no lográbamos
toda la justicia que pretendíamos. Nuestra idea era que disfrutara del servicio
quien lo necesitara y quien lo deseara. Pero casar todas esas particularidades
no era fácil. Más de una vez, en broma llegábamos a decir que lo más justo
sería echar por alto las solicitudes y las que cayeran de canto esas podían
disfrutar de una plaza. Lo que más nos decepcionaba era las plazas que
asignábamos y que después se convertían en alumnos que faltaban mucho y no
siempre por causas justificadas. Teóricamente podíamos disponer de la plaza si
las faltas no se justificaban pero en la realidad el Consejos Escolar no
imponía la normativa con suficiente dureza y diligencia.
El
criterio era que ninguna familia trajera a sus hijos sin aportar nada.
Queríamos que todos se sintieran con los mismos derechos y pudieran exigir en
un momento determinado lo que consideraran oportuno sabiéndose partícipes del
proyecto común . Quien no tenía recursos para alcanzar siquiera el mínimo de
aportación hacíamos que fueran los servicios sociales municipales los que le
subvencionaran la parte que les correspondía. Hemos constatado a lo largo del
tiempo, casi cuarenta años ya, que la perfección no existe y que no hay norma
que no pueda ser pervertida si los ojos con que se la mira están pervertidos.
También sería mentira decir que no ha habido presiones de todo tipo buscando
enchufes o modos de sortear la normativa establecida sin que fuera conocida y
asumida por el Consejo Escolar, órgano máximo de gobierno de cada escuela, pero
es verdad que, a pesar de todo, el nivel de satisfacción es suficiente como
para seguir creyendo en un proyecto de pequeñas escuelas diseminadas por los
principales barrios de una ciudad, en este caso Granada – España, que prestan
un servicio de calidad a las familias que viven cerca de la escuela y cuyos
hijos conviven armónicamente recibiendo los mismos servicios, al margen del nivel económico de sus familias.
En nuestra cultural actual, parece evidente por lo generalizado que -lo que no cuesta- equivale a -no vale-.
ResponderEliminarInfravaloramos lo que nos cuesta, lo que sea: dinero, trabajo, tiempo...
Por eso la idea que has defendido en reiteradas ocasiones de "cobrar" por los servicios me parece de lo mas acertada y didáctica, no solo para los padres sino también para los pequeños.
Y no necesariamente hay que pagar siempre con dinero, el trabajo, o el tiempo dedicado en labores comunitarias me parecen herramientas de cambio perfectamente válidas.
Saludos,
este tema se presenta tratado de manera especial en relación a un caso concreto, a una circunscripción determinada, a una localidad y centro de referencia . concreto.
ResponderEliminarO lo aborda, para su solución, la Administración en sus ´diferentes organismos, o pasa a ser de competencia privada o cuando menos, semipública.
Sea como fuere, y partiendo de que NO todos somos iguales ante la Ley, ya quisiéramos serlo, cada cual arrima el hombro allá donde cierzo calla.
Mil casos, mil soluciones., mil equivocaciones y que con perricas, chifletes:
Esa es la cruda verdad, démosle las vueltas que queramos.
abrazo
Tú y yo hemos coincidido en la defensa de la política económica de tercios, en la que la administración educativa aportaría un tercio, la municipal otro y las familias el tercero. Las posibles becas serían a cargo de los servicios sociales municipales, que entregarían a la escuela la parte que dejaran de pagar las familias.
ResponderEliminarPero lo que se está imponiendo es el criterio de que la Junta de Andalucía proporcione los únicos ingresos, y lo hace con unos cálculos tan ajustados que sólo pueden salir las cuentas reduciendo costes, y con ello reduciendo la calidad.
Es verdad que no tiene por qué haber una sola manera de resolver los problemas que cada aspecto de la vida plantea, pero me tengo que negar, por coherencia personal a que, una vez más, se imponga el criterio económico y haya que sacrificar otros criterios, que para mí son irrenunciables, como puede ser el criterio de calidad, por ejemplo. Un abrazo
EliminarEstimado amigo, he andado pérdida de mi blog, hoy vine a actualizarlo y para agradecer tus visitas, acá te dejo un cálido abrazo desde mi corazón.
ResponderEliminarTe abraza tu amiga de Venezuela...
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