Ignacio Escolar Director del DIARIO
“Nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio
racional de criminalidad”, dice el juez Vicente Ríos. Y según su criterio, aquí
no los hay. Ana María Lillo, la jueza sustituta de Ríos, comparte el argumento
y ha vuelto a archivar la causa contra Mónica Oltra, acusada por la
ultraderecha de encubrir abusos sexuales de su exmarido en un centro de menores
tutelados. Un proceso penal que forzó su dimisión como vicepresidenta de la
Generalitat Valenciana. La destrucción de su carrera política es una de las
claves para explicar cómo llegó a la presidencia el nefasto Carlos Mazón.
“Los hechos investigados no son constitutivos
de infracción penal alguna”, sostiene el fiscal, que también es muy contundente
en su petición de archivar. Pese a todo, aún no ha terminado este proceso
judicial. Tampoco tiene pinta de que este vaya a ser el punto final. Lo más
probable es que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia
revoque este tercer archivo y reabra otra vez esta pesadilla judicial. A pesar
de la falta de pruebas, me temo que Mónica Oltra se acabará sentando en el
banquillo de los acusados dentro de un par de años. Probablemente será
absuelta. Para entonces, ya dará igual.
Es un ejemplo casi perfecto de ‘lawfare’.
Porque la regla número uno de este tipo de persecución política en los
tribunales es que no importa el resultado: solo el proceso. Cuanto más dure, mejor.
Lo de menos es la condena. La imputación, por sí sola, sirve para hundir
cualquier reputación.
Pero vayamos a los hechos. El exmarido de
Oltra, Luis R. I., trabajaba como educador social en un centro de menores
tutelados por la Generalitat Valenciana. Una de ellas le denunció en 2017 por
abusos sexuales: la víctima entonces tenía 14 años. Ha acabado condenado a
cinco años de cárcel. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2023. Hoy
está encerrado en prisión.
Quien impulsó como abogado la denuncia de
esa menor en los juzgados fue José Luis Roberto, un trabajo que asegura que
ejerció “de manera gratuita”. Es un conocido líder de la ultraderecha que fue
secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de
Alterne –los prostíbulos, por aclarar el eufemismo– y presidente del partido
neofascista España 2000.
Además de José Luis Roberto, formó parte
de la acusación la agitadora ultra Cristina Seguí: cofundadora de Vox en
Valencia, condenada por humillar a una
niña víctima de violación. Ambos aprovecharon ese caso de abusos
sexuales para atacar a Mónica Oltra y forzar la apertura de una segunda causa,
a la que más tarde se sumó Vox. Es evidente que, si el acusado no hubiera sido
su exmarido, jamás habrían aparecido por allí.
“Me la voy a follar sin tocarle un pelo”,
llegó a tuitear Roberto, con la bravuconería habitual del fascismo. La jugada
le salió: consiguió extender el caso hasta la Conselleria que dirigía Mónica
Oltra, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la supervisión de
esos centros de menores.
El 1 de abril de 2022, Oltra fue imputada.
Dimitió dos meses después.
El juez de instrucción que investigó las
querellas contra Oltra fue Vicente Ríos, un magistrado riguroso y progresista,
conocido por su contundente investigación del caso Emarsa, uno de los grandes
escándalos de corrupción del PP valenciano.
Con el respaldo de la Fiscalía, en 2022
Vicente Ríos entendió que había indicios “racionales, serios y fundados” para
pedir la imputación de Oltra, con el fin de investigar su posible
responsabilidad. Basó esa decisión en la orden de la Conselleria de abrir un
expediente informativo cuando ya estaba en marcha una investigación judicial
–un expediente que cuestionaba la credibilidad de la menor–. Su sospecha era
que Oltra había intentado obstaculizar la denuncia contra su ex.
Ese mismo juez de instrucción fue también
quien tomó declaración como imputada a Mónica Oltra. Después de escucharla, de
oír a otros testigos y de revisar correos y documentación, Vicente Ríos llegó a
la conclusión de que Oltra era inocente.
El 2 de abril de 2024, este juez archivó
la causa. Según su criterio, algunas de las decisiones que se tomaron en la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas fueron “desacertadas”,
“inútiles” o “redundantes” –como abrir ese expediente interno cuando la
Fiscalía de Menores ya había abierto diligencias–. Fue una gestión mejorable,
pero no delictiva, concluyó Ríos. Y añadió que no existe prueba alguna de que
Mónica Oltra diera instrucciones a su equipo para torpedear esa denuncia.
El auto de archivo del juez
Vicente Ríos –96 páginas– era profuso en detalles y argumentos,
y de un alto nivel jurídico. Tenía, además, la credibilidad de proceder del
mismo magistrado que había pedido la imputación de Oltra. Tras una
investigación de dos años, el juez llegó a la conclusión de que la acusada era
inocente y de que no existía prueba ni indicio alguno, ni siquiera, para
llevarla al banquillo.
En circunstancias normales, el martirio de
Oltra habría terminado aquí. Pero esta nunca ha sido una causa normal.
Las acusaciones ultras recurrieron el
archivo. Y en junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó al juez
Vicente Ríos reabrir la investigación. Lo hicieron en un auto de escasos seis folios,
en el que ignoraron los argumentos de Ríos y ni siquiera se molestaron en
rebatirlos.
Vicente Ríos cumplió esa orden y reabrió
la investigación “por imperativo legal”, como hizo constar en ese auto;
acatando la orden pero sin compartir el criterio. La instrucción se prolongó un
año más y, en junio de 2025, Ríos la volvió
a archivar. De nuevo, el juez insistió en que no existe
“absolutamente ningún indicio” para llevar a juicio a Oltra. Es el mismo
criterio que comparte la Fiscalía.
Las acusaciones recurrieron. Y quien ha
decidido volver a archivar es otra jueza, Ana María Lillo, que está de suplente
en el juzgado de Vicente Ríos –actualmente de baja laboral–.
Tras el sobreseimiento de esta jueza, lo
siguiente está casi escrito. Las acusaciones volverán a la Audiencia
Provincial, que muy probablemente insistirá en sentar a Mónica Oltra en el
banquillo de los acusados: contra el criterio de la Fiscalía y de dos jueces de
instrucción.
Esto, simple y llanamente, es una gran
anomalía. No es moneda corriente en otros procedimientos judiciales. Y todo se entiende
mejor cuando se sabe quién preside la sección cuarta de la Audiencia Provincial
de Valencia, que es la que ordenó reabrir la causa.
Este juez, clave en esta historia, se
llama Pedro Castellano. Es un miembro destacado de la conservadora Asociación
Profesional de la Magistratura. En 2009, los vocales nombrados por el PP en el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentaron ascenderle a presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia –el que decide sobre los aforados
autonómicos–, un nombramiento que impidió Margarita Robles, entonces vocal del
CGPJ.
Castellano fue presidente de la Audiencia
de Valencia y hoy preside la sección cuarta, la misma que dictó la polémica
resolución que libró a 49 asesores y concejales del PP del caso Taula por el
“pitufeo” de billetes de 500 euros para financiar ilegalmente una campaña de
Rita Barberá. Según el singular criterio de
este tribunal, no es lo mismo “dinero negro” que “dinero sucio”,
y por tanto no había nada delictivo en recibir del PP dos billetes de 500 euros
y volver a aportarlos al partido como supuesta donación personal.
Esa misma sección de la Audiencia
Provincial que preside Castellano fue también la que libró al PP de Valencia de
otra derivada del caso Taula: la presunta financiación ilegal. Argumentaron
que “no se sabe de dónde viene el
dinero”, y que “bien podría ser una donación puntual”; 50.000
euros en una cuenta opaca del PP de Valencia.
La sección cuarta es también la que juzgó
a Eduardo Zaplana por corrupción. En 2024, el exministro de Aznar fue condenado
a diez años de cárcel, pero el tribunal decidió que por ahora siga en libertad,
por no apreciar riesgo de fuga y porque la sentencia aún no es firme. La
Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta decisión.
El teléfono del despacho de Pedro
Castellano apareció en una agenda telefónica en papel que la UCO incautó de la
casa de la familia Barberá –probablemente pertenecía a la exalcaldesa de
Valencia– durante uno de los registros del caso Azud. El resto de los teléfonos
de esa agenda manuscrita eran una auténtica demostración de poder: en ella
figuraban varios otros magistrados de la
cúpula judicial valenciana.
Una de las conexiones clave es la de
Fernando de Rosa. Expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia.
Exvicepresidente y presidente en funciones del CGPJ, donde llegó nombrado por
el PP. Conseller de Justicia con Francisco Camps. Senador y hoy diputado del
Partido Popular.
En la agenda manuscrita encontrada en casa
de Barberá no venía el nombre de Fernando de Rosa. Sí figuraba el móvil de su
hermano, Alberto de Rosa, que ha sido durante años uno de los principales
responsables de Ribera Salud, la empresa de la sanidad privada que gestionaba
el polémico Hospital de Alzira, que el gobierno progresista del Botànic ordenó
revertir.
Aquella decisión del gobierno de Ximo Puig
y Mónica Oltra salió muy cara a Ribera Salud –una empresa hoy de plena
actualidad por su polémica gestión del Hospital de
Torrejón, en Madrid–. Y Oltra después acusó a la familia De Rosa
de estar detrás de su proceso judicial.
Había datos para sostener su
acusación. La foto de un encuentro entre
Francisco Camps, Alberto de Rosa y Cristina Seguí, la activista
ultra que promovió su acusación. O que Ribera Salud contratara a la víctima de
los abusos del exmarido de Oltra, y a su pareja, en el hospital de Torrevieja.
O el testimonio de esta mujer, tiempo después.
En septiembre de 2022, medio año más tarde
de que Oltra fuera forzada a dimitir, la denunciante de los abusos dio una
entrevista al diario Levante-EMV. “Siento que me han utilizado y
luego me han dejado tirada”, aseguró. Según la joven, ya
veinteañera, Cristina Seguí le prometió trabajo y un piso en Madrid, algo que
luego no cumplió. El empleo en el hospital de Torrevieja duró poco: ella y su
pareja fueron despedidos cuando la Generalitat Valenciana recuperó ese hospital
y dejó de estar gestionado por Ribera Salud.
Hace un año, esta mujer fue condenada a un año y ocho
meses de cárcel por una estafa en Internet.
¿Y Mónica Oltra? ¿Qué hace hoy? Tras verse
obligada a dimitir, volvió a trabajar como abogada. Sigue colaborando con su
coalición, Compromís, pero sin capacidad de volver a la primera línea política.
Quien fuera una de las dirigentes con más tirón y mejor valoración de toda la
izquierda hoy sigue en dique seco. A pesar de este sobreseimiento, si la
Audiencia Provincial fuerza el juicio, no podrá librarse de la mancha de este
proceso penal hasta 2028.
Como pronto, su martirio terminará seis
años después de que fuera llamada a declarar.
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