Uno de
los temas que más controversia han creado en la educación de los primeros años
de la vida ha sido en qué momento conviene comenzar la escolarización. Nunca he
conocido a nadie que defienda la plena escolarización antes de los tres años de
vida. Vaya por delante este principio que define a la etapa que aludimos y la diferencia del resto de los tramos
educativos. También la diferencia el hecho de que hay países, sólo alguno
aislado para ser exactos, que ofrece ayuda a las familias hasta los tres años
en que la estructura escolar los acoge. La mayoría se mueve entre los varios
meses, menos de seis los que menos entre los que está España, hasta dieciocho
los que más se estiran, los nórdicos. Entre unas cosas y otras los tres
primeros años de la vida son como un chicle ideológico, que arranca en el
nacimiento y se estira hasta el tercer año según las posibilidades económicas
del pais o la prioridad política de protección a la familia.
De mí
sé decir que nunca me he visto en la necesidad de definirme sobre la
conveniencia o no de que las personas de pocos meses de vida vayan a un centro
educativo o permanezcan en su casa al cuidado de su familia porque mi criterio
no se ha visto condicionado por principios ajenos a la realidad y la realidad
ha dicho siempre que hay familias que necesitan trabajar y necesitaban un
espacio adecuado para que sus hijos crecieran en condiciones idóneas. Lo que sí
hemos defendido siempre y hoy lo reitero, es que los poderes públicos no deben
ignorar que entre las necesidades fundamentales está la de disponer de espacios
suficientes para cubrir la demanda social que exista para que los menores gocen
de los mismos derechos que cualquier otro ciclo educativo. La diferencia está
en que cubrir una plaza de una persona de pocos meses de vida es bastante más
caro que en cualquier otra edad, cosa
que se ha resuelto de hecho devaluando el sector y, por tanto, los sueldos de
las personas que lo atienden. No se trata tanto de si los pequeños con sus
familias o en la escuela sino que estén donde estén dispongan de los mejores
requisitos para su crianza porque son los cimientos del futuro lo que nos
jugamos.
No
tengo nada que objetar a los servicios familiares que el estado ofrece, al
contrario. Lo que sí digo es que nadie puede negar que hay familias que trabajan y demandan el
servicio de una institución educativa desde los primeros meses de la vida de
sus hijos y esa demanda también debe estar garantizada por los poderes
públicos. En Granada capital donde he desarrollado mi vida laboral existe una
institución municipal desde 1980 que garantiza este servicio público para unos
cientos de familias, solamente cuatro escuelas infantiles, y el resto son
privadas, unas con ayudas públicas y otras ni eso. En muchos otros lugares,
sencillamente no hay plazas públicas o se han construido escuelas infantiles
municipales que carecen de un proyecto educativo y que se limitan a acoger y
mantener con la mejor voluntad que saben, las necesidades de la población en
este sector de los tres primeros años de vida. En todos los casos, muy por
debajo de la demanda real, cuando en el resto de los sectores ya la oferta es
superior o igual a la demanda.
Creo
baladí andar ahora en litigios de si es mejor, igual o peor que los pequeños se
críen en sus casas o no cuando la realidad es que hay una fuerte demanda y
faltan estructuras y personal para cubrir esa necesidad a la que están
respondiendo de hecho pequeños centros privados con deficiente dotación en la
mayor parte de los casos, abuelos sobreexplotados o familiares disponibles que
están cubriendo deficiencias públicas hacia unos ciudadanos que son el futuro y
que no están siendo el presente porque los presupuestos encuentran prioridades que los relegan o
sencillamente prescinden de ofrecerles los servicios educativos a los que
deberían tener derecho más que nadie por ser los más vulnerables y los que
primero los necesitan.